En la literatura especializada de ámbito internacional, industrial y tecnológica, referida al sector minero español, a menudo leemos cada vez con más insistencia un rosario de opiniones nada favorables sobre la manera que muchas veces nuestra Administración resuelve los conflictos derivados del uso del territorio. Por otra parte, resulta preocupante la aceptación sin reservas por parte de la opinión pública de airadas manifestaciones de presión que suelen ser atendidas por la Administración correspondiente y que, sin quitarles un ápice de su derecho a hacerlo, casi siempre se sustentan en una evidente falta de argumentación técnica serena y bien fundada, que prodiga hacia el exterior una imagen muy negativa, a veces, casi de escándalo.
El ejemplo que trataremos de resumir se refiere a uno de los proyectos de extracción y transformación mineral ahora cuestionados, el de Tierras Raras de Matamulas en la provincia de Ciudad Real. Este yacimiento mineral se descubre al comienzo de los años noventa del pasado siglo por la Empresa Nacional Adaro y es cuidadosamente estudiado con la colaboración de un instituto nacional ruso, IMGRE, especialista en este tipo de minerales. Es decir, ya hace veinticinco años el interés por estos metales era muy evidente y solamente su escasa concentración, para los precios de entonces, decidió su abandono.
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